En el marco de la Jornada de Revisión, Rectificación y Reimpulso de las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC), la Contraloría General de la República a través de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Control Social (Dgaccs), culminó con éxito el Ciclo de Videoconferencias con las OAC de las Contralorías Estadales, Contralorías Municipales, Gobernaciones, Alcaldías y entes adscritos, con el objetivo de evaluar y orientar el accionar llevado a cabo mediante la gestión en materia de Participación Ciudadana y Control Social de las OAC en todo el territorio nacional.
En este sentido, el equipo de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Control Social encabezado por la directora general María Vigil, analizaron y orientaron a servidores y servidoras de 280 Contralorías y 60 entes de la Administración pública, en relación al balance generado en el primer semestre del año, visualizando y desglosando detalladamente los Mecanismos de Participación Ciudadana y las actividades formativas llevadas a cabo por cada una de las Oficinas de Atención al Ciudadano en el país.
En este mismo orden de ideas, las servidoras del Máximo Órgano Contralor reafirmaron a todos los funcionarios conectados hacer uso y apoyarse en el marco legal de competencia, así como también recordaron las recientes reformas de leyes de competencia para las OAC tales como: Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica de las Comunas y Ley Contra la Corrupción.
La Contraloría General de la República sigue insistiendo en la necesidad de generar condiciones prácticas para asegurar la apertura e impulso de las instituciones públicas hacia la ciudadanía, apegada a lo que dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Contra la Corrupción, Normas para Fomentar la Participación Ciudadana, entre otros instrumentos legales, con el propósito de consolidar en las instancias públicas la promoción de la transparencia, probidad y eficiencia del Control Social, así como difundir los principios y valores que debe guiar la conducta de las y los servidores de la Administración pública.
