Con el objetivo de fortalecer el Control Fiscal en todo el país, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela recibió, durante esta semana, los Informes de Gestión correspondiente al Ejercicio Económico Fiscal del año 2024, de las contraloría estadales y municipales de Barinas, Sucre, Trujillo, Guárico y Miranda. Se recibieron informes locales y regionales, en los que destacaron los logros alcanzados y los desafíos enfrentados en el ejercicio del control fiscal por el periodo 2024.
El contralor del estado Barinas consignó la documentación junto a los representantes de los municipios Alberto Arvelo Torrealba, Andrés Eloy Blanco, Antonio José de Sucre, Arismendi, Bolívar, Cruz Paredes, Ezequiel Zamora, Obispos, Pedraza, Pedro Manuel Rojas y Pedro Felipe Sosa. El contralor del Sucre estuvo acompañado por sus similares de los municipios Bermúdez, Mariño, Sucre y Arismendi.
En el caso de Trujillo, presentó su informe estadal y se presentaron los informes de los municipios Valera, Urdaneta, Trujillo, Miranda, Carache, Pampan, Rafael Rangel, La Ceiba, Monte Carmelo, Motatán, José Felipe Márquez Cañizales, Bolívar, Andrés Bello, Boconó y San Rafael de Carvajal.
Entretanto, la Contraloría de Guárico también cumplió con la consignación junto a representantes de los municipios Camaguán, Chaguaramas, El Socorro, Francisco de Miranda, José Félix Ribas, José Tadeo Monagas, Juan Germán Roscio, Julián Mellado, Juan José Rondón, Leonardo Infante, Ortiz, Pedro Zaraza, San Gerónimo de Guayabal, San José de Guaribe y Santa María de Ipire.
Finalmente, de la región central acudió, en esta ocasión, la autoridad del municipio Andrés Bello del Estado Bolivariano de Miranda, haciendo lo propio.
Regiones comprometidas con la transparencia
La remisión de estos informes por parte de los entes regionales demuestra el esfuerzo continuo en las labores de rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones venezolanas. También evidencian la articulación entre los diferentes niveles de la administración pública para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la norma.
